Modelo Demanda Aplicación Ajuste por Movilidad

MODELO DE DEMANDA POR APLICACIÓN DE AJUSTE POR MOVILIDAD
SR. JUEZ FEDERAL:


........................., matrícula profesional número XXXXX en nombre y representación de ........................, D.N.I. XXXXX tal como lo acreditan con el Acta Poder que a este adjuntan, constituyendo domicilio a los efectos legales en calle ......................................... ......¨ de esta Ciudad, ante V.S. comparecen y dicen:

I. OBJETO
Que en tiempo y forma, viene a interponer demanda contra el ESTADO NACIONAL (ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL) el que deberá ser citado a juicio en su domicilio de calle ................ Nº. ......, de la ciudad de xxxxxxxx, con motivo de la denegatoria de la solicitud del reajuste de haberes previsionales, solicitando que al tiempo de resolver se declare la nulidad del acto administrativo, se haga lugar a la solicitud de reajuste de haberes previsionales del actor y se ordene el pago de las diferencias de haberes adeudadas con más su actualización monetaria (si correspondiere) e intereses desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago.

II.PROCEDENCIA FORMAL
Que la misma es procedente atento a la notificación de fecha .../.../........., de la Resolución ...... de fecha .../.../......... de la UDAI (LOCALIDAD DE LA UDAI), registrada en el libro de protocolo bajo el Nº ...., folio ....., denegatoria efectuada en los términos del art.32 de la Ley 24.241, modificado por el articulo 5 de la Ley 24.463, en sede administrativa Expediente ......-..................-...... / beneficio ...-..-..................-..-.....  que obra glosada en autos.

III. FUNDAMENTOS

Que desde el  día …./…./……/…por Resolución emitida por la ANSES el actor, se encuentra percibiendo un haber mensual previsional que asciende a la suma de Pesos ……..($.....). Dicho haber se concedió en el marco de lo dispuesto por la Ley 24.241. El actor trabajó ………… años en la actividad de ………….., como XXXX y en la categoría …………………..
Que desde la fecha de su otorgamiento, el referido haber no ha merecido un incremento alguno, siendo que desde esa fecha hasta la actualidad el costo de vida se ha incrementado en un ……..%

Esta falta de actualización monetaria de su beneficio constituye una flagrante  violación a lo dispuesto por nuestra CARTA MAGNA, Tratados Internacionales suscripto por la Nación y a lo dispuesto por el art.32 de la Ley 24.241, modificado por el art.7 de la Ley 24.463.
Todo esto en coherencia con lo dispuesto por el más alto tribunal, en el leading case “Sánchez”. En el voto del Dr. Maqueda, éste dijo, con criterio de verdadera justicia “Que, para abordar las cuestiones sub examine es oportuno recordar que esta Corte ha sostenido que "el principio fundamental de la hermenéutica jurídica en los Estados que, como el nuestro, adoptan una 'Constitución rígida', consiste en interpretar las leyes conforme al fin que esa superley se propone promover; y este fin establecido en el documento de la Constitución formal por una generación del pasado, 'como derecho recibe su fuerza y efecto de la presente generación, por lo que debe ser interpretado a la luz de las condiciones del presente y con la mira puesta en los problemas del presente' (Edward S. Corwin, The Constitution and what it means today, -Atheneum-, New York, 1963, p. 2). Y como esta Corte lo ha declarado, 'el objetivo preeminente' de la Constitución, según expresa su preámbulo, es lograr el 'bienestar general' (Fallos: 278:313), lo cual significa decir la justicia en su más alta expresión, esto es, la justicia social, cuyo contenido actual consiste en ordenar la actividad intersubjetiva de los miembros de la comunidad y los recursos con que ésta cuenta con vistas a lograr que todos y cada uno de sus miembros participen de los bienes materiales y espirituales de la civilización. Por tanto, tiene categoría constitucional el siguiente principio de hermenéutica jurídica: in dubio pro justitia socialis. Las leyes, pues, deben ser interpretadas a favor de quienes al serles aplicadas con este sentido consiguen o tienden a alcanzar el 'bienestar', esto es, las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme a su excelsa dignidad" (Fallos 289:430, pág. 436)”.

Siguiendo este razonamiento, el alto tribunal tiene dicho en los autos “Itzcovich, Mabel C/ ANSeS S/ reajustes varios” que el Tribunal ve comprometida su misión de velar por la vigencia real y efectiva de los principios constitucionales lo que lo lleva a ponderar cuidadosamente las circunstancias, evitando que por aplicación mecánica e indiscriminada de la norma se vulneren derechos fundamentales de la persona y se prescinda de la preocupación por arribar a una decisión objetivamente justa en el caso concreto, lo que iría en desmedro del propósito de "afianzar la justicia", enunciado en el Preámbulo de la Constitución Nacional, propósito liminar que no sólo se refiere al Poder Judicial sino a la salvaguarda del valor justicia en los conflictos jurídicos concretos que se plantean en el seno de la comunidad. La misión judicial, ha dicho esta Corte, no se agota con la remisión a la letra de la ley, toda vez que los jueces, en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma; ello por considerar que la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos: 249:37; 302:1284).






IV. LA MOVILIDAD DE LOS HABERES EN LA CONSTITUCION NACIONAL

   El artículo 14 bis de la Constitución Nacional consagra el derecho a todos los ciudadanos argentinos a acceder a los beneficios de la seguridad social y a contar con jubilaciones y pensiones móviles. Dicha norma reconoce derechos con el fin primordial que los mismos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando entra en debate un derecho humano, y es por ello que la constitución le da un contenido especial a esos derechos que consagra, ya que de lo contrario ella enunciaría derechos huecos, como ya lo dijo el Alto Tribunal en autos caratulados “Vizzoti, Carlos Alberto c. AMSA S.A. s/despido", sentencia del 14 de septiembre de 2004, considerando 8°, párrafos 3 y 4 -LA LEY, 2005/10/04, p. 5; IMP, Rev. 19/2004, p. 142; DT, Rev. 9/2004, p. 1211-).(causa V.967.XXXVIII.

. Al respecto dice la mentada norma constitucional:

“el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable”. Y continúa agregando dicho artículo “ En especial la ley establecerá… jubilaciones y pensiones móviles”.

Este criterio fue incorporado en la Carta Magna en 1957 y ratificado por la Convención Constituyente de 1994. El espíritu que motivo la inclusión de esta disposición se deduce, por ejemplo, de las afirmaciones del convencional Martella quien sostuvo que “deseamos una jubilación móvil para mantener a las personas jubiladas o pensionadas con una asignación que les suponga siempre el mismo estándar de vida ..” (Convención Nacional Constituyente 1957. Diario de Sesiones, T II, pág. 1249). En la misma línea, el convencional Riva sostuvo que “hasta ahora siempre pareció una gracia lo que recibe el jubilado y pensionado. Pero no es así, no es una gracia del Estado, sino la retribución justa y amparadora por los servicios de toda una vida. El derecho a la jubilación es un verdadero derecho de propiedad que debe ser el premio a quien dio su esfuerzo por la patria, para que viva mejor. No puede retaceársele la retribución y así condenar a esos habitantes a vivir peor, como premio a los servicios prestados…” (Convención Nacional Constituyente 1957-Diario de Sesiones, T. II, pág 1371). En consonancia con este razonamiento, la CSJ ha sostenido que los beneficios derivados de los regímenes previsionales no son de naturaleza graciable y, en consecuencia, el reconocimiento de aquéllos impide que con posterioridad a su concesión puedan dejarse sin efecto, ya que constituyen un derecho del que no se puede ser desposeído y a partir del cual se accede al estatus de jubilado (Fallos 158:127; 170:12; 173:5; entre otros).


Además, la Corte ha reconocido en el flamante caso “Sánchez”  el carácter integral de las pensiones y jubilaciones por ser parte de los beneficios de la seguridad social…”… “Los derechos a una retribución justa y a un salario mínimo vital y móvil -dirigidos a garantizar alimentación y vivienda, educación, asistencia sanitaria y, en definitiva, una vida digna- encuentran su correlato en las jubilaciones y pensiones móviles que deben ser garantizadas a los trabajadores cuando entran en pasividad”.

Asimismo, desde la incorporación del art. 14 bis de la Constitución Nacional, el Tribunal ha asumido una consideración particularmente cuidadosa de los derechos en materia de previsión social a fin de que, en los hechos, no se afectaran sus caracteres de integrales e irrenunciables. Desde esa perspectiva, asimiló los beneficios previsionales al derecho alimentario y enfatizó que tienden a la cobertura de los riesgos de subsistencia y ancianidad, que se hacen manifiestos en los momentos de la vida en que la ayuda es más necesaria (doctrina de Fallos 267:336; 293:304; 294:94; 307:135; 311:1644; 319:2151, 2215 y -más recientemente- causa I.349.XXXIX "Itzcovich, Mabel c. ANSes s/reajustes varios", sentencia del 29 de marzo de 2005, considerando 5° del voto de los jueces Maqueda y Zaffaroni -LA LEY, 2005/04/07, p. 7-).  En renglones seguidos se sostiene que “por tales razones, y en armonía con lo dispuesto en la norma constitucional indicada, ha sido reconocida la naturaleza sustitutiva que cabe asignar al haber previsional concedido, considerando que la jubilación constituye la prolongación de la remuneración, después del cese regular y definitivo en la actividad social laboral del individuo como débito de la comunidad por el servicio prestado, y tal concepción se inserta en el objetivo preeminente de la Constitución Nacional de lograr el bienestar general, cuya expresión más acabada es la justicia social. De este modo el carácter alimentario de todo beneficio previsional, ya que tiende a cubrir las primeras necesidades de los beneficiarios y de allí su reconocida naturaleza de subsistencia, obliga a sostener el "principio de favorabilidad" y a rechazar toda fundamentación restrictiva (Fallos: 289:430; 292:447; 293:26; entre otros)”.

Sin embargo, cabe advertir que el art.14 bis de la Constitución Nacional no establece de manera específica y precisa el mecanismo a aplicar para efectuar los ajustes periódicos en materia de jubilaciones y pensiones. De manera explícita, al establecer que será una ley la que fije jubilaciones y pensiones móviles, la Carta Magna está delegando esa responsabilidad al Congreso de la Nación.

Este criterio flexible de regulación es el que explica que a lo largo de nuestra historia previsional se hayan receptado distintas variante para instrumentar la movilidad que fija la Constitución Nacional. Sin ir más lejos, la última norma sancionada por el Congreso de la Nación que trató el tema de la movilidad de las prestaciones previsionales –la Ley de Solidaridad Previsional- contempla tres criterios distintos para diferentes periodos (art. 7 de la ley 24.463).

Desde el año 1995 rige el criterio de movilidad establecido en la ley 24.463. Esta norma en su artículo 5, que modifica el art. 32 de la ley 24241, establece textualmente “Las prestaciones del Régimen Previsional Público tendrán la movilidad que anualmente determine la Ley de presupuesto conforme al cálculo de recursos respectivo.

Este artículo implicó un punto de ruptura respecto a la tradición en materia de reglamentar la movilidad. Hasta esa instancia había prevalecido el criterio de que las prestaciones previsionales debían ser ajustadas siguiendo la evolución de los salarios. Esta modalidad era consistente con el régimen de financiamiento que desde los orígenes del sistema estuvo centrado en aportes y contribuciones sobre los salarios. La idea subyacente era que para que el derecho a la movilidad fuera plasmado en al realidad era necesario que los gastos del sistema (es decir, el monto de las prestaciones) tuvieran cláusulas de ajuste similares a los ingresos (es decir, los aportes y contribuciones sobre los salarios).

El cambio de criterio que dispuso el Congreso guarda relación con los cambios en el régimen de financiamiento que introdujo la misma Ley de Solidaridad Previsional y otras normas anteriores y posteriores. En tal sentido, en la medida que las adversas condiciones laborales y el envejecimiento de la población fueron erosionando las bases financieras del sistema previsional se fue imponiendo la necesidad de establecer nuevas fuentes de financiamiento. Así fue, como la participación de recursos tributarios se fueron ganando espacio dentro de la estructura del financiamiento del sistema previsional. Este proceso fue muy importante al punto que, según datos publicados en el sitio Web de la ANSES, en 1994 los recursos tributarios presentaban el 18;7% del total de los ingresos del sistema de seguridad social, mientras que en el año 2003 este porcentaje había aumentado al 49,1%.

Sin embargo, cabe advertir que el art.14 bis de la Constitución Nacional no establece ningún mecanismo determinado para practicar el ajuste periódico de las jubilaciones y pensiones, por eso la historia previsional ha receptado en los respectivos ordenamientos jurídicos previsionales distintas variables de movilidad. Sin ir más lejos, el propio Sistema de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), adoptó mecanismos diferentes a lo largo de su breve historia de vigencia.

La Ley de Solidaridad Previsional adaptó el mecanismo de movilidad de las prestaciones prevista en la Constitución a la nueva estructura de financiamiento del sistema. En lugar de tomar solo las variaciones en los salarios (que apenas representan la mitad de los recursos con que actualmente se financian los haberes de los pasivos) toma en cuenta la totalidad de los ingresos con que se financian éstas. La idea subyacente del legislador era preservar y garantizar el ejercicio del derecho constitucional a la movilidad de los haberes a través de un criterio consistente con el nuevo régimen financiero.

V. LA MOVILIDAD DE HABERES A PARTIR DE LA CRISIS DEL 2002


Hasta el año 2002, el tema de la movilidad de las prestaciones no generó controversias ya que prevalecieron condiciones de estabilidad en los precios. De hecho, la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor que elabora el INDEC, muestra entre 1995 y el 2001 una variación total del -3 %.

La situación contraria ocurre a partir de la crisis del año 2002. El cambio de política económica, especialmente el abandono del régimen de convertibilidad, implicó el desencadenamiento de un intenso proceso de aumentos de precios. En este marco, la movilidad de los haberes previsionales vuelve a tener importancia.

Tomando como referencia el período diciembre del 2001 y setiembre del 2005 los precios al consumidor crecieron un 68,9%. Si se toma como referencia el costo de la canasta básica alimentaría que también publica el INDEC la variación en el mismo período fue del 87%. También cabe considerar como una variable de contexto relevante la evolución de los salarios. Aunque en este caso las dinámicas según sectores son dispares, el dato más relevante son los salarios del sector privado formal. Según el Índice de Salarios y Coeficiente de Variación Salarial elaborado por el INDEC, el salario promedio en el sector privado registrado aumentó entre diciembre del 2001 y agosto del 2005 un 78,1%.

Teniendo en cuenta los nuevos criterios que impone la Ley de Solidaridad Previsional es importante analizar el comportamiento de los ingresos del sistema de seguridad social. En base a datos difundidos en el sito Web de la ANSES, complementados con datos difundidos por el Ministerio de Economía y Producción, se puede estimar que los ingresos provenientes de aportes y contribuciones aumentaron desde el año 2001 hasta setiembre del 2005 un 57%. Por otro lado, los ingresos tributarios crecieron en dicho período un 162%. Esto implica que los ingresos totales de la ANSES han crecido en los últimos cinco años un 101%. Este es el monto que de acuerdo a la normativa legal vigente tiene que tomarse como referencia a los fines de instrumentar el criterio de movilidad previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

En el mismo período, y tomando como fuente la información publicada en el sitio Web de la ANSES, la política de ajustes sobre los haberes puede sintetizarse en base a los tres siguientes puntos:
Se eliminó la reducción del 13% para los haberes previsionales superiores a $500 que había establecido la Decisión Administrativa 107/01 de la Jefatura de Gabinete.
Se incremento, en varias ocasiones, el haber mínimo pasando de $ 150 a $ 390
Se incremento un 10% las jubilaciones y pensiones cuyo monto no superen los $ 1.000.
La acumulación de todos estos aumentos ha implicado, según la información difundida por la ANSES, que el haber medio previsional creciera desde $336,1 en enero del 2002 a $514,8 en setiembre del 2005. En otras palabras, el aumento promedio de los haberes previsionales administrados por la ANSES alcanzó al 53%.

Mientras que los ingresos de la ANSES crecieron un 101%, los aumentos decretados por el Poder Ejecutivo en promedio llegan al 53%. Esto implica una diferencia demasiado grande como para no considerarla una violación a los criterios de ajuste que fija la Ley de Solidaridad Previsional reglamentando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Mas aun si se tiene en cuenta que se han desviado recursos públicos hacia finalidades socialmente mucho menos prioritarias. Sólo a título de ejemplo cabe considerar que el presupuesto administrativo de la ANSES para el año 2005 superó en un 146% el contemplado en el año 2001, con un crecimiento del 327% en el rubro de servicios no personales. Otros ejemplos, de cómo los recursos públicos se han asignado en función de prioridades distintas a las que fija la Constitución surgen del Proyecto de Presupuesto 2006 presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso. Allí se señala entre los motivos que justificaron desvíos de gastos durante el ejercicio 2005 el pago de honorarios a los agentes organizadores de la reestructuración de la deuda ($350 millones), subsidios a los ferrocarriles (200 millones), asistencia a empresas publicas -Yacyreta, Río Turbio y ENARSA- (136 millones) y para sostener el sistema eléctrico (430 millones)

La desproporción entre los aumentos decretados por el Poder Ejecutivo y los ingresos que dispuso para concederlos (variable que la norma vigente fija como criterio de movilidad) no se distribuyó homogéneamente entre todos los beneficiarios sino que ha afectado gravosamente a quienes perciben haberes superiores al mínimo. A quienes perciben haberes superiores a $1.000 no se les incrementó el haber salvo la restitución del descuento del 13%, mientras que a los restantes se vieron beneficiados sólo con el ajuste del 10% establecido en setiembre del 2004.

Por eso y atento lo dispuesto por la Corte en el caso “Kot” , las leyes deben ser interpretadas de acuerdo a las situaciones imperantes en que rigen y a la vicisitudes y los momentos que vive cada país, el Tribunal sosteniendo que las leyes no pueden ser interpretadas sin consideración a las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad, porque toda ley, por naturaleza, tiene una visión de futuro, y está destinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción (Fallos: 241:291, pág. 300, y considerando 7° in fine del voto de los jueces Maqueda y Zaffaroni, antes mencionado).

No hay motivos económicos que justifiquen la negativa a aplicar el art. 5 de la ley 24.463 ya que este artículo garantiza su plena ejecutividad de manera automática y sin traumas financieros para el Estado al establecer que la movilidad de los haberes tiene que ser función de los ingresos del sistema. Mucho menos se pueden alegar argumentos jurídicos que justifiquen semejantes desproporciones. Ninguna ley, decreto y demás normas puede disponer quitas de esta magnitud, sin caer en confiscatoriedad de los haberes, y así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otros fallos de consideración, han expresado en reiteradas oportunidades (Fallo leading case “Sánchez; (causa V.967.XXXVIII. "Vizzoti, Carlos Alberto c. AMSA S.A. s/despido", sentencia del 14 de septiembre de 2004, considerando 8°, párrafos 3 y 4 -LA LEY, 2005/10/04, p. 5; IMP, Rev. 19/2004, p. 142; DT, Rev. 9/2004, p. 1211-); Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala Segunda, con voto del Dr. Luis René Herrero: IBAÑEZ, MÁXIMO C/ANSES S/REAJUSTES VARIOS"l; "Itzcovich, Mabel c. ANSeS s/reajustes varios" (sentencia del 29 de marzo de 2005, voto de los jueces Maqueda y Zaffaroni) “Cinco Pensionistas vs. Perú" (Corte IDH. Sentencia del 28 de febrero de 2003. Serie C N° 98; este ultimo fallo merece mención especial ya que mediante el análisis del derecho interno del Estado parte, concluyó que a partir del momento que los denunciantes se acogieron al régimen de jubilaciones previsto en la normativa en la que se encuadra el caso, adquirieron el derecho a que sus pensiones se rigieran en los términos y condiciones previstas en aquéllas. Los pensionistas adquirieron un derecho de propiedad sobre los efectos patrimoniales del derecho a la pensión, de conformidad con la legislación interna y con el art. 21 de la Convención Americana (punto VII, párrafo 103 de la sentencia citada). En consecuencia, reconoció que las presuntas víctimas tenían un derecho adquirido a la pensión y, más precisamente, a una pensión cuyo valor se encontrara nivelado…”.

Mas aun la conducta el Ejecutivo a lo largo de estos cuatro años implica la alteración del "status previsional" adquirido por el recurrente al tiempo de acceder al beneficio, afecta derechos adquiridos e incorporados definitivamente al patrimonio, vulnerando el derecho de propiedad (art. 14 y 17 C.N.), el de movilidad jubilatoria (art. 14 Nuevo C.N.) y los tratados internacionales suscripto por el país.

Cabe recordar que la Excma. Corte Suprema ha dicho desde antiguo que el régimen previsional otorgado se incorpora al patrimonio del beneficiario en modo definitivo por lo que resulta amparado por el art.17 C.N. (fallos 235-783; 242-40, entre otros). Sostener lo contrario sería una violación flagrante de la igualad ante la ley y se soslayaría el carácter integral e irrenunciable que reconoce la Ley Suprema a los beneficios de la seguridad social. (fallo "Pulcini, Luis Benjamín…" Sent. del 26/10/89)

Por último, la aplicación de los ajustes no puede constituir una decisión que dependa exclusivamente de la voluntad del Poder Ejecutivo, que es quien esta obligado al pago, violando la garantía de la propiedad evidente. En este sentido es de vital importancia mencionar el razonamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ya mencionado caso “Cinco pensionistas contra Peru”; el mismo dijo: Sin desconocer la facultad del Estado para poner limitaciones al goce del derecho de propiedad por razones de utilidad pública o interés social, en el caso de los efectos patrimoniales de las pensiones -monto de las pensiones- ratifica que los Estados sólo pueden reducir lo que el Tribunal denomina "pensión nivelada" por la vía legal adecuada y en la medida que no contradigan el propósito y razón de las mismas, condenando la modificación arbitraria de los parámetros de determinación del monto de aquélla con la consecuente reducción del beneficio (punto VII, párrafos 112, 116 y 121, entre otros, de la sentencia citada). En razón de lo expuesto la Corte Interamericana declaró que el Estado parte violó el derecho de propiedad privada, el derecho a la protección judicial e incumplió las obligaciones generales en los términos de los arts. 21, 25, 1.1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (punto XIII, párrafo 187, de la sentencia citada). Para ello, el Tribunal internacional construyó algunos principios de interpretación importantes para resolver cuestiones como las presentes. En primer término, señaló que conforme al art. 1 de la convención "es ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención". En segundo término, que el deber general del art. 2 del tratado implica la adopción de medidas en dos vertientes. "Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención. Por la otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías".


VI CÁLCULO DE REAJUSTE:

Que por todo lo anterior y atento el incremento presupuestario que ha tenido ANSES, el haber jubilatorio deberá ajustarse en un ……..% (COLOQUE EL PORCENTAJE EN QUE DEBE SER AJUSTADO SU HABER PREVISIONAL QUE RESULTA DEL PROGRAMA DE CALCULO), con más los intereses generales correspondientes por el período comprometido aplicando una tasa pasiva promedio mensual que publica el B.C.R.A. según lo ha establecido la Excma. Corte Suprema de Justicia en fallo V-86- XXV en sentencia del 14.09.93



VII. EXIMISIÓN DE TASA Y/O APORTE:

Que la presente -en tanto es de naturaleza previsional- está exenta de oblar tasa de justicia alguna.
Asimismo tampoco resulta exigible el aporte de la ley 6468, toda vez que dicha norma no rige en el fuero federal.
Por otra parte en virtud de lo dispuesto por el art. 20 de la misma ley, y atento a la naturaleza de lo demandado la presente se encuentra expresamente excluida.
Es oportuno señalar, que el art. 21 Ley 24.463 establece que las costas serán soportadas por su orden, lo que nos indica que no resulta "razonable" imponerle al actor (de magros recursos) la necesidad de incurrir en erogaciones para acceder a V.S. en tanto la misma norma establece la imposibilidad de recupero ,agregando la incertidumbre del cobro de la misma.

VIII. OFRECE PRUEBAS:

1. DOCUMENTAL:

a. Expediente Previsional donde se tramitara el beneficio previsional del actor (Nº ....-...................-...); para cuya remisión deberá librarse oficio a la demandada en caso de que el mismo no sea acompañado con el responde.

b. Las constancias de autos.

c. Ultimo recibo de haberes previsionales del compareciente.

2.INFORMATIVA:
Se libre Oficio….

Por lo expuesto pide a V.S.:
1.  Tenga por efectuada la conversión prevista en el art. 15 de la Ley 24.463.-
2.  Tenga al compareciente por presentado, por parte y con el domicilio constituido.-
3.  Por iniciada en tiempo y forma la demanda en los términos de la Ley 24.643.-
4.  Solicite se autorice al Dr. ....................., para intervenir en el diligenciamiento de oficios que deban librarse a la Capital Federal.

5.  Por ofrecida en tiempo y forma la prueba.-

6.  Haga lugar a la demanda en todas sus partes.-

Provea de conformidad y

SERA JUSTICIA.-